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28-01-2018
Declaró solo uno de los cinco detenidos por corrupción



Se trata de Silvia Mazaitis, empleada administrativa del área de Tesorería durante la gestión anterior. Por su parte, el ex Intendente Jorge Fernández, y los contadores Walter Daniel Fernández, Mario Enrique Ruiz y Marcelo Roberto Porto, se negaron a declarar ante el fiscal Ochaizpuro que los investiga por enriquecimiento ilícito.

Los cinco ex funcionarios linqueños acusados de enriquecimiento ilícito, fueron trasladados ayer desde distintas dependencias policiales donde se encuentran alojados, hacia la sede tribunalicia de la ciudad de Junín donde mantuvieron audiencia con el fiscal Javier Ochoaizpuro a cargo de la causa.

Según las fuentes judiciales, tanto el ex intendente Jorge Abel Fernández como los contadores Walter Daniel Fernández, Mario Enrique Ruiz y Marcelo Roberto Porto, hicieron uso del derecho de abstenerse de declarar.

Por el contrario, Silvia Cristina Mazaitis (empleada administrativa de Tesorería) expuso su verdad ante el Fiscal interviniente, por espacio de aproximadamente dos horas.

Cabe señalar que los cinco continuarán detenidos mientras prosigue la causa judicial que se está investigando en la Fiscalía Nro. 2 de Junín.

LAS CAUSAS

Jorge Fernández, Walter Daniel Fernández y Mario Ruiz se encuentran imputados en treinta y nueve hechos, y los restantes en un número menor, siendo el encuadre legal para todos ellos el de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, uso de instrumento público ideológicamente falso, y defraudación contra la administración pública, todos ellos en concurso real, en los términos de los artículos 210, 292, 296, 174, inc. 5to, 45 y 55 del Código Penal.

Cabe agregar que respecto de Jorge Abel Fernández, Walter Fernández y Marcelo Porto, tramita en el marco de la IPP 04-00-007452-16-00, la investigación respecto del delito de enriquecimiento ilícito.

Las maniobras consistirían en la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsedad ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros) se les adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello, se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales.

Fuente: www.eldiariodelincoln.com.ar